En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se debatió sobre las dificultades para obtener refugio que afrontan los que han tenido que salir del país, particularmente durante los últimos tres años
Isabela Iturriza, Prensa Proiuris
Juan Carlos Murillo González, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hizo un llamado a la solidaridad internacional y a brindar especial atención a los migrantes venezolanos que han salido del país como consecuencia de la crisis humanitaria, sobre todo en los últimos tres años.
“Se trata de una crisis humanitaria, donde el tema de la inseguridad, la violencia y la inestabilidad política genera nuevos movimientos de refugiados”, indicó Murillo en la audiencia sobre la situación de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados venezolanos en países de América, que se llevó a cabo en el 163° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 7 de julio, en Lima, Perú.
Murillo explicó que tradicionalmente Venezuela era un país de destino para los migrantes que requieren protección internacional, pero que “en poco tiempo” se convirtió en un país de origen.
En la misma audiencia, Javier Gudiño, representante de la fundación Asylum Access América Latina, afirmó que “la respuesta de los Estados de América Latina ante la situación migratoria de los venezolanos se ha caracterizado por la invisibilización de la problemática y poca o nula respuesta; incluso, a veces se ha tratado de manera restrictiva, pese a la evidente necesidad de protección de los ciudadanos”. Advirtió sobre un “considerable aumento de las solicitudes de refugio” por parte de los migrantes venezolanos, especialmente durante los últimos tres años.
El representante de Asylum Access América Latina señaló que la grave crisis política, económica y social que vive Venezuela viene provocando constantes flujos de migración forzada dentro del país y hacia el extranjero. Alertó que estas movilizaciones han provocado situaciones de desprotección individual y colectiva que requieren de una mirada regional y respuestas de protección integrales y adecuadas.
Gudiño considera que algunas políticas adoptadas por los países del hemisferio ante la migración venezolana han sido restrictivas. En ese sentido, destacó el caso de Colombia, donde en mayo del 2017 se implementó la tarjeta de movilidad fronteriza, que les permite a los venezolanos movilidad temporal, particularmente en zonas de frontera, pero no constituye una regularización migratoria definitiva y tiene limitaciones tanto geográficas, de temporalidad y acceso a derechos.
En el caso de Argentina, prosiguió el vocero de Asylum Access América Latina, la reciente aprobación del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia supone la obstaculización del ingreso y la permanencia de migrantes en el país austral y puede suponer la aceleración para la expulsión de los mismos, lo cual implica un grave retroceso en relación con lo establecido en la ley de migraciones. Y que en mayo del 2017 Panamá decidió restringir su política migratoria hacia los venezolanos a través del Decreto 269, el cual reduce a 90 días la posibilidad de su estancia como turista en el país centroamericano.
César Ruiz, del Servicio Jesuita de la Solidaridad, agregó que los venezolanos que salen de su país “tienen necesidad de protección internacional y se han encontrado en muchos casos con criterios políticos negativos de los Estados, sistemas nacionales precarios o incapaces de atender estas solicitudes de asilo, y la inaplicación de normativa y estándares regionales”.
El representante de la organización religiosa destacó la violación de derechos humanos en el caso de deportaciones: “En Colombia, en el año 2012 las sanciones administrativas migratorias a ciudadanos venezolanos se han multiplicado, elevándose a 2.787 sólo en los primeros 5 meses del año 2017, incluyendo deportaciones, exclusiones y sanciones económicas”. Agregó que en Panamá se han detectado deportaciones o expulsiones que no han respetado un debido proceso, pues los migrantes venezolanos no tuvieron a su disposición un abogado defensor. Y que las autoridades migratorias del país centroamericano han informado que durante el primer trimestre de 2017 se realizaron el triple de detenciones a personas venezolanas que en el mismo período del 2016, por no acreditar una condición migratoria.
Diáspora en cifras
Colombia: Existen más de 250.000 venezolanos que residen en el país, de los cuales solamente 45.000 se encuentran de manera regular. A partir de 2012 se han incrementado las solicitudes de protección formuladas por venezolanos y solo en el primer trimestre de 2017 hubo 191. La demora de las autoridades colombianas para responder obstaculiza el ejercicio del derecho al trabajo de los migrantes.
Brasil: Más de 12.000 venezolanos han migrado al país. Solamente en 2016 fueron 7.150. El número de solicitudes de asilo aumentó de 54 en 2013 a 2.595 en los primeros meses de 2016.
Argentina: Las radicaciones temporales de venezolanos aumentaron de 1.777 en 2014 a 4.707 en 2015, y en el 2016 se radicaron, en promedio, 30 venezolanos por día, hasta un total de 11.298.
Chile: 8.000 venezolanos se encuentran regularmente en el país. El número de visas otorgadas aumentó de 1.463 en 2003 a 8.381 en 2015.
Panamá: El Servicio Nacional de Migración recibió 7.526 solicitudes de permisos migratorios en 2015. El año anterior fueron 2.794.
México: Aproximadamente 20.000 venezolanos se encuentran en el país. Datos suministrados por el gobierno de México indican que en 2014 hubo 56 solicitudes de protección formuladas por venezolanos, de las cuales sólo 9 fueron aprobadas. En 2016 fueron 361, de las cuales se aprobaron 296. Y en el primer trimestre de 2017 hubo 405 solicitudes de asilo.
Perú: Fuentes consulares han informado que hasta mayo de 2015 se contabilizaron aproximadamente 15.000 migrantes venezolanos en el país. En 2016, Perú recibió 4.326 solicitudes de asilo y aproximadamente 90% corresponden a venezolanos.
Ecuador: Se calcula que entre 15.000 y 18.000 venezolanos residen en el país.
