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Policía italiana arremetió contra refugiados durante desalojo

A las seis de la mañana del 24 de agosto de 2017, funcionarios policiales reprimieron a un grupo de ocupantes ilegales, en su mayoría refugiados, que protestaba por negarse a desalojar un edificio ubicado en el centro de Roma. De acuerdo con la organización Human Right Watch (HRW), las autoridades italianas tienen la obligación de conducir una investigación transparente y equilibrada por el uso abusivo de la fuerza por parte de los efectivos.

Sin mediar palabras, la policía comenzó a desalojar del edificio a un grupo de refugiados, principalmente  ciudadanos eritreos y etíopes, y personas en búsqueda de asilo, el 19 de agosto pasado. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), alrededor de 200 personas, 50 de ellas mujeres, no solo han permanecido a las afueras del edificio, sino que también han  dormido en el lugar como forma de protesta. Cerca de 100 personas, entre familias con niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, permanecían en el edificio.

 “Las autoridades italianas necesitan hacer preguntas decisivas acerca de este desalojo forzado, en particular si el uso de la fuerza policial fue necesario y proporcionado”, aseguró Judith Sunderland, directora asociada de la organización Human Right Watch para Europa y Asia Central.

La organización Doctores Sin Fronteras, en Italia dio asistencia médica a 13 personas, entre ellas, cuatro mujeres que debieron ser trasladadas en ambulancia al hospital. Personal de esta organización declaró a HRW haber visto heridas en el brazo y el torso de una mujer a causa de un rolo.

La policía catalogó el uso de la fuerza como “urgente y necesaria”, debido a que los tanques de gas en el edificio, utilizados para cocinar, representaban un riesgo para los ocupantes, y por ende, el uso del agua fue necesario para prevenir incendios. Un video fotográfico, difundido en los medios de comunicación social, reveló que funcionarios policiales dispararon el agua directamente en contra de la gente, así como a quienes arrojaron objetos a los oficiales.

A través de un comunicado oficial, notificaron que cuatro personas se encuentran bajo investigación por resistencia violeta, incluyendo el lanzamiento de frascos de gasolina y piedras a la policía.

En el transcurso de la tarde, el resto de las personas que permanecían en el interior del edificio fueron trasladados a la estación policial, mientras muchos otros de los que fueron desalojados de manera forzosa, comenzaron a protestar cerca de la estación central de trenes.  Un video publicado por el periódico La Reppublica reseñó a un grupo de policías antimotines persiguiendo a este grupo en un parqueadero frente a la estación de trenes. En el video puede escucharse un presunto audio con la voz del oficial a cargo diciendo: “Tienen que desaparecer… Si alguien arroja algo, rómpanle los brazos”.

El edificio fue ocupado por los refugiados en 2013. Aunque una orden judicial dictaminó el desalojo en diciembre de 2016, autoridades nacionales, regionales o municipales no tomaron las previsiones necesarias  para coordinar una reubicación adecuada sino hasta el 19 de agosto, cuando  comenzó el desalojo.

Los ocupantes rechazaron las propuestas ofrecidas recientemente debido a que las mismas son temporales o inadecuadas. Familias con niños en las escuela se rehúsan de abandonar el vecindario, a poco menos de dos semanas para comenzar el año escolar. En otros casos, las alternativas ofrecidas solo beneficiarían a una pequeña parte de los cientos de ocupantes en el edificio de nueve pisos.

Don Mussie Zerai, un sacerdote eritreo, que ha intervenido para mediar con las autoridades a favor de los beneficios de los ocupantes aseguró: “Perseguir a estas personas de un lugar a otro, no soluciona nada. El gobierno debería asumir su responsabilidad para proveer un camino a favor de la integración social”.

El edificio The Piazza Indipendenza fue uno de los tres grandes edificios ocupados por refugiados en Roma para un total de 3000 personas, en su mayoría refugiados y personas en búsqueda de asilo.

Human Right Watch aseguró que el desalojo se  enmarca como un caso emblemático de los problemas que padecen los programas asistenciales para refugiados en Italia.

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (ACNUDH) establece que la aplicación de la ley por parte de los oficiales, deberá, en la mayoría de los casos, aplicarse por medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas de fuego. Las fuerzas de seguridad deberán “ejercer moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga”, de acuerdo con sus principios.

Es obligación de Italia el respetar, proteger y cumplir con los derechos vinculados al otorgamiento de viviendas adecuadas. Esto incluye la obligación de respetar y proteger a las personas contra desalojos forzosos, así como la obligación de asesorar legalmente para hacer frente a estos desalojos y proveer viviendas adecuadas a las personas para que no queden en situación de indigencia como resultado de esta problemática.

Human Right Watch (HRW)

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