La 92.9 FM y Mágica 99.1 se suman a las 41 estaciones que fueron clausuradas por Conatel durante el primer semestre de 2017, para un total de 92 desde 2005, cuando fue reformada la Ley Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
DAVID MATOS-PRENSA PROIURIS
El cierre de las emisoras de radio 92.9 FM y Mágica 99.1, la noche del pasado 25 de agosto, es percibido como una nueva evidencia del patrón de censura que arbitrariamente ha impuesto contra los medios de comunicación social que se atreven a denunciar la responsabilidad del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro por la violación de derechos humanos y la profundización de la crisis económica, social y política en Venezuela.
Durante el primer semestre de 2017, 41 estaciones de radio y una televisora de servicio público han sido clausuradas para un total de 92 desde 2005 (según registros del Instituto Prensa y Sociedad ), lo cual muestra el progresivo deterioro de las garantías de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.
A partir de 2005, cuando a través de una reforma se endureció la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, en Venezuela se ha consolidado un ecosistema informativo signado por la censura y la autocensura. «…se construye un sistema que privilegia el secretismo como política de Estado. Las órdenes para impedir de hecho el acceso a la información pública a periodistas, la no publicación de estadísticas oficiales y la negativa de las autoridades a rendir cuentas o declarar sobre asuntos de interés público dificultan la recolección de datos e información a periodistas y ciudadanos, viola principios de la gestión pública y la democracia, y promueve la existencia de rumores e incertidumbre informativa”, refiere la publicación Las concesiones radioeléctricas: un chantaje a la libertad de expresión en Venezuela.
«Bajo el argumento de una presunta ilegalidad o clandestinidad en la explotación del espectro radioeléctrico, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha ejercido acciones inconstitucionales». Así lo asegura Luisa Torrealba, investigadora de Comunicación Política y Políticas de Comunicación del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Torrealba recordó que la no renovación de las concesiones a las emisoras de radio fundamenta el riesgo permanente de cierre, y recordó que el régimen sancionatorio se ha aplicado de manera arbitraria. Resaltó la opacidad de los procedimientos de Conatel y, a modo de ejemplo, refirió que ni siquiera en la página web del organismo aparecen las providencias administrativas que fundamentan las medidas del órgano regulador de las telecomunicaciones en Venezuela.
La investigadora hizo hincapié en que los estándares internacionales sobre libertad de expresión establecen que la clausura de espacios informativos solo se justifica por razones de seguridad nacional y preservación de derechos vinculados al honor y reputación de las personas, y que en ninguna circunstancia tales decisiones pueden ser el resultado de caprichos del Ejecutivo.
En el banquillo de la CIDH
Torrealba considera que existe un manejo del discurso por parte del Estado para evadir sus responsabilidades, en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico. La estrategia, en su opinión, consiste en culpar a otros.
La apreciación de la investigadora constituye su respuesta a los señalamientos realizados por William Castillo, viceministro de comunicación internacional, que en representación del Estado venezolano rechazó las denuncias sobre la existencia de un patrón gubernamental que pretende cercenar cada vez más las libertades informativas en el país, las cuales fueron formuladas por la sociedad civil el pasado 7 de julio, en el marco del 163° período de Sesiones Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante la CIDH, organizaciones no gubernamentales presentaron registros de 400 denuncias por agresiones, robos y hechos de hostigamiento y persecución contra periodistas y trabajadores de medios por parte de funcionarios de seguridad estatal, colectivos armados, manifestantes y civiles no identificados.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) y Espacio Público advirtieron que el Estado venezolano no acata las recomendaciones emanadas por organismos de los sistemas interamericano y universal de derechos humanos, destinadas a proteger a los periodistas en ejercicio, especialmente durante situaciones de conflicto.
En el período de protestas antigubernamentales que se desarrolló en Venezuela entre abril y julio de 2017 y que sumó 124 personas muertas, según datos del Ministerio Público venezolano, aumentaron los ataques contra los medios de comunicación social. En la mayoría de los casos, el victimario pretendió impedir la cobertura fotográfica, audiovisual o la mirada acuciosa del reportero durante escenarios de represión.
Aunque Castillo reconoció, sin mayores detalles, la existencia de abusos policiales en el contexto de protestas, desacreditó las estadísticas expuestas por los activistas y periodistas sobre agresiones a la prensa. Aseguró que las víctimas deben acudir a las instancias policiales y judiciales correspondientes para denunciar formalmente amenazas, agresiones, robos y persecuciones.
Los integrantes de la Comisión Interamericana escucharon denuncias precisas sobre las agresiones a corresponsales y medios extranjeros, entre ellas los incidentes ocurridos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, donde a periodistas venezolanos y corresponsales se les anuló el pasaporte o se les impidió entrar o salir del país por parte de las autoridades migratorias durante períodos coyunturales como las elecciones parlamentarias, en diciembre de 2015, y la marcha opositora del 1 de septiembre de 2016.
Carlos Correa, periodista y director de Espacio Público, hizo un llamado de atención para que las instituciones del Estado sean eficientes en la investigación de agresiones físicas y robos a periodistas. Además, defendió la labor de las organizaciones de la sociedad civil que diariamente recopilan información sobre ataques a trabajadores de medios de comunicación social.
En la audiencia intervino Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, y destacó que las acciones violentas provienen del Estado, así como también de manifestantes medianamente organizados. Enfatizó que el Estado es el que debe garantizar protocolos específicos de protección a periodistas.
Torrealba advierte que las políticas restrictivas se desarrollan en el país de manera implícita, a través de amenazas y advertencias. Aunque el Gobierno ha expresado el interés de entablar un diálogo con los representantes de periodistas y medios de comunicación, Conatel mantiene a un número incierto de estaciones radiales sin la renovación de la concesión, recordó la investigadora.
El bloqueo de 4 portales informativos y ataques por denegación a servicios en el entorno digital durrante 2017 fue otra de las denuncias formuladas ante la CIDH. “Este gobierno ha hecho un uso reiterado de la zozobra como argumento para bloquear portales web que dieron información sobre el precio paralelo de las divisas y amenazar a los proveedores de internet”, indicó Torrealba sobre el particular.
La ley contra el odio, otra amenaza
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó el 22 de agosto un proyecto de Ley Constitucional contra el Odio, la Intolerancia y la Convivencia Pacífica, el cual establece hasta 25 años de cárcel como sanción a supuestos crímenes de odio que aún no han sido definidos.
Torrealba expresó su preocupación ante tipificaciones penales como “traición a la patria”, que además de amenazar cualquier expresión que, a discreción del Ejecutivo, pueda ser comprendido como un mensaje de odio, también implican discriminación contra quienes cuestionen al gobierno o a sus ejecutorias. “Resulta impresionante ver cómo quienes promueven una ley contra el odio son los que precisamente fomentan la discriminación a los empleados públicos que no participaron en la elección de los candidatos a la ANC, promovida por el gobierno, el 30 de julio”, dijo.
Lanza lamentó que altos funcionarios utilicen señales de canales estatales para atacar y exponer a periodistas y personas disidentes a través del uso de informaciones que presuntamente son producto de servicios de inteligencia.
La CIDH ha intervenido en casos donde el odio habría sido promovido por agentes del Estado venezolano. Por ejemplo, en marzo de 2015 otorgó medidas cautelares de protección al defensor de Derechos Humano, Marco Antonio Ponce, luego que Diosdado Cabello, conductor del programa televisivo “Con el mazo dando”, transmitido por la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), revelara con fotografías destinos de los vuelos en los que estaría el defensor debido a su labor. Debe recordarse que Cabello también ejercía como presidente de la Asamblea Nacional (AN), máximo órgano legislativo del país.
Los miembros del organismo calificaronde lamentable que las discusiones entre el Estado venezolano y la sociedad civil organizada se desarrollen bajo un clima de intolerancia, descalificación y gran polarización política.
Al final de la audiencia, las ong que acudieron ante la CIDH resumieron sus peticiones:
Exhortamos a esta comisión a insistir en la visita in loco a Venezuela y la elaboración de un informe especial sobre la situación de Derechos Humanos en nuestro país.
Atender con celeridad la solicitud de medidas cautelares para proteger a los periodistas en riesgo y represalias contra su trabajo.
Solicitamos avanzar en las investigaciones en los hechos de violencia contra periodistas y sancionar penalmente a los responsables, además de acatar las medidas cautelares dictadas por tribunales nacionales en resguardo de los periodistas.
Pedimos a la CIDH hacer seguimiento a estos procesos de jurisdicción interna. Exigimos cumplir con las recomendaciones emanadas de los distintos órganos intermaericano y universal de Derechos Humanos.
Reiteramos, los funcionarios del Poder Ejecutivo deben cesar su campaña de descalificación contra periodistas y trabajadores.
