Aunque la Constitución Nacional ratifica el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales acerca de que los Estados deben proteger a sus ciudadanos contra el hambre, la aplicación de políticas económicas inadecuadas impide a los venezolanos comprar alimentos debido a una inflación que dispara los precios de la canasta básica.
La desnutrición infantil en Venezuela es un hecho grave y dramático que debe ser atendido con urgencia por el Estado debido a que las iniciativas privadas no son suficiente para corregir las fallas estructurales que devienen con el incremento de la pobreza.
