Katherine Martínez, directora de la ONG, advierte que las deficiencias estructurales no han sido resueltas y ponen en peligro la salud de los niños, niñas y adolescentes que acuden al principal centro de salud pediátrica del país
DAVID MATOS – Prensa Proiuris.
Katherine Martínez, abogada y presidenta de la ONG Prepara Familia, considera que la situación de los pacientes del Hospital de Niños J.M de Los Ríos empeora por las fallas en la infraestructura del centro asistencial. Alertó que a la carencia de medicamentos e insumos y la insuficiencia de personal, se suma la contaminación con residuos fecales de los tanques de aguas que surten al hospital.
“Había residuos y heces fecales de animales en las áreas conexas de los tanques, donde entra el agua. Cuando esto fue de conocimiento público, verificamos que lo mismo ocurría con la planta de osmosis la cual filtra el agua que va a la sala de hemodiálisis”, aseguró la abogada.
Hubo un brote infeccioso y no había medicamentos para afrontarlo. “A finales de marzo, el hospital pidió a las madres firmar una orden para administrarle Meropenem a los niños porque era el único antibiótico disponible en el hospital. El medicamento tenía un año vencido”, recordó Martínez.
Prepara Familia ha hecho seguimiento, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, a los problemas que afrontan los pacientes del principal centro de salud pediátrica del país.
Martínez recordó que la dirección del hospital ordenó la hospitalización de varios niños, que acudían a la unidad de hemodiálisis, pues comenzaron a sufrir fiebre y dolores en articulaciones. “Los resultados de sangre revelaron que algunos niños tenían las bacterias Pseudomonas y Klebsiella”, dijo.
Los resultados de los exámenes de los pacientes llegaron poco después de la publicación de un estudio realizado por la Universidad Simón Bolívar (USB), a través de la Unidad de Gestión de Tecnologías en Salud, el 7 de febrero. El estudio confirmó una relación directa entre las condiciones de insalubridad, limpieza y mantenimiento de los tanques y la calidad de las aguas surtidas a la institución.
64 Organizaciones No Gubernamentales y 164 personalidades suscribieron un comunicado el mes de abril para exigir al Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Defensoría del Pueblo que adoptaran los mecanismos necesarios para garantizar de manera inmediata los insumos que requería el hospital J.M de Los Ríos para ese momento.
La crisis del J.M. de Los Ríos fue denunciada en el 163° período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se realizó del 5 al 7 de julio en Lima, Perú., en representación de varias ONG venezolanas para denunciar la crisis alimentaria. Estuvieron presentes Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap; Katherine Martínez, directora de Prepara Familia; y Judith Bront, madre de Samuel Becerra, uno de los pacientes de Nefrología del hospital J. M. de los Ríos que falleció por un brote infeccioso en dicho servicio.
Para la fecha, Prepara Familia ya había denunciado públicamente la muerte de Raziel Jaure, de 10 años; Samuel Becerra, de 12 años; Dilfred Jiménez, de 15 años, y Daniel Laya, de 2 años, quienes habrían muerto a causa de infecciones que se complicaron presuntamente por la falta de la calidad de las aguas en el hospital.
“La actitud del gobierno en torno a esta problemática ha sido reaccionaria porque responden de manera improvisada a las solicitudes que la sociedad civil demanda. Un día después de la audiencia, comenzaron a limpiar los tanques con pastillas de cloro”, recordó la directora de la organización.
El fiscal 92° nacional del Ministerio Público, David Toro, ejerció una acción de protección contra el J.M. de Los Ríos con la que se ordenó el cierre de la unidad de Nefrología el 13 de julio, con el fin de garantizar el derecho a la vida y la salud de los niños y adolescentes.
El requerimiento fue formalizado ante el Tribunal 9º de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.
Con esta acción se solicitó al Ministerio de Salud garantizar el acceso a los tratamientos médicos y farmacológicos, así como el mantenimiento en los equipos y la infraestructura en los centros de salud pediátrica en el país.
“El Ministerio Público interpuso la acción, pero nunca fue admitida por el Tribunal de la Lopna, debido a razones operativas, pues el J.M de Los Ríos es el único centro de salud público en Venezuela que cuenta con una unidad de hemodiálisis para niños con menos de 20 kilos”, aseguró Martínez.
En agosto murieron otros dos jóvenes. Deivis Pérez, de 14 años, murió por un problema hemofílico, y Rafael Velázquez, de siete años, estuvo dos meses sin diálisis.
Prepara Familia y los padres de los niños se mantienen alerta para que se cumpla el suministro y distribución de medicamentos, así como la búsqueda de catéteres para los pacientes. “Como organización, no estamos para resolver los problemas que son responsabilidad del Estado, pero tampoco podemos dejar que se nos mueran los niños”, dijo.
La tarde del 13 de septiembre, los padres de Pérez y Velázquez se encontraban denunciando la muerte de ambos niños, cuando supieron de la muerte de Cristhian Malavé, el séptimo niño que habría fallecido por complicaciones relacionadas con el brote infeccioso en el hospital. “La muerte de este niño nos desconcertó porque esperábamos su recuperación. Su mamá lo había cambiado a otra una unidad de diálisis y tenía esperanzas”, recordó Martínez.
En 2016, la ONG intentó crear un fondo en bolívares para realizar exámenes médicos y obtener antibióticos, pero la crisis económica por la que atraviesa el país impidió que se materializara esta iniciativa. “La presión a la que se ven sometidos los padres es muy fuerte. Deben tener asumir costos de pasajes, medicamentos, a veces la comida. Procuramos darles apoyo en todo momento”, dijo.
Algunas madres se han visto en la necesidad de viajar a Caracas con sus niños enfermos y dejar a los otros con familiares durante las sesiones de tratamiento.
La directora de Prepara Familia confirmó que se han logrado avances importantes en cuanto a las obras de remodelación dentro del hospital y el suministro de alimentos, pero no es suficiente. “Damos un voto de confianza a la dirección del hospital para resolver los problemas que le competen”, dijo.
Reiteró que el Estado debe desarrollar las políticas públicas necesarias que garanticen el suministro de medicamentos y comida a los niños, y el respeto por la institucionalidad con fundamento en el artículo 83 de la Constitución que obliga al estado a cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento establecidas en la ley, a partir de los tratados y convenios internacionales y suscritos por Venezuela.
