Luisa Torrealba, periodista defensora del derecho a la libertad de expresión y Carlos Correa, director de Espacio Público, explicaron que el gobierno de Nicolás Maduro ha sobredimensionado las sanciones por pensar diferente para silenciar a la opinión pública
Joel García, abogado del diputado señaló que desde el 14 de agosto no le han permitido tener comunicación con el diputado de la Asamblea Nacional, apresado en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)
Durante una marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente acusó a los reporteros que cubrieron el acto que se realizó este sábado 4 de agosto en la avenida Bolívar de tener conocimiento del presunto magnicidio.
Los abogados defensores de Fred Mavares y Reggie Andrade, trasladados el 11 de julio a la cárcel “26 de Julio”, exigieron a la jueza Luisa Romero que ratifique la orden de excarcelación emitida por el Tribunal Séptimo de Control de Caracas, el 8 de agosto de 2016
En la presentación del Informe Anual sobre Libertad de Expresión, la CIDH considera que la persecución judicial y la violencia contra comunicadores sociales es el método más usado por el gobierno de Nicolás Maduro para condicionar información de interés público.
Es la décima quinta vez que el país es mencionado en el Capítulo IV del Informe Anual del organismo del sistema interamericano, en el cual figuran los Estados que no garantizan la plena vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, en esta oportunidad se sumaron tres consideraciones adicionales: la alteración del orden democrático, la suspensión ilegítima del libre ejercicio de los derechos por la declaratoria de estados de excepción y la grave crisis institucional.
Tras cumplirse un mes de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que insta al Estado a garantizar el derecho a la salud y la vida de los pacientes del Servicio de Nefrología, médicos especialistas ofrecieron un balance de la crítica situación del Hospital.
Acceso a la información y libertad de expresión; que haya organismos de justicia transparentes, autónomos e imparciales, así como cooperación internacional para combatir irregularidades en la administración de fondos públicos son algunas de las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La entrega estuvo a cargo del comisionado Joel Hernández y el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, quienes detallaron la situación actual en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución este 14 de marzo en procura de protección integral a los que han tenido que huir del país
A través de una resolución publicada este 14 de marzo, el organismo exhortó a los países de la Organización de Estados Americanos a agilizar los trámites legales para brindar una efectiva protección a los que huyen del país. La Comisión Interamericana reconoció que la migración forzada de venezolanos es consecuencia de la crisis alimentaria y sanitaria, la inseguridad ciudadana y la persecución política.
Representantes de organizaciones civiles que velan por el derecho a la información en países de América del Sur que participaron en el debate sobre libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidieron que la persecución judicial contra trabajadores de medios es reiterada en investigaciones sobre corrupción.
Durante el 167° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los miembros de las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional y Foro Penal, acompañados por familiares de presos políticos, exhortaron al Estado a reconocer la falta de independencia y autonomía del sistema de administración de justicia venezolano
Las autoridades del organismo de la OEA advirtieron que lo primero que debe hacer el Estado venezolano es reconocer la gravedad de la crisis en la que se encuentra el país
Durante el 167 Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano, con el respaldo de organizaciones vinculadas al oficialismo, trato de descargarse de su responsabilidad por la profundización de la crisis en Venezuela
Además de los 17 fallecidos en la llamada masacre de Tumeremo, en marzo de 2016, 39 personas han sido asesinadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en los pueblos mineros del estado Bolívar, entre septiembre de 2017 y febrero de 2018.
En la primera audiencia pública: “Empresas y derechos humanos en Venezuela” solo serán escuchadas cinco organizaciones vinculadas al gobierno nacional, entre ellas: Fundalatin, Asonacop y el Comité de Víctimas de Venezuela.
Los representantes de las ONG Cecodap y Prepara Familia recordaron que el organismo internacional intervino luego de que cuatro tribunales venezolanos desconocieran la obligación del Estado a efectos de garantizar una adecuada dotación de medicinas e insumos en el principal centro de salud pediátrica del país.
“Con esta protección internacional se busca garantizar la vida y salud de los niños y niñas una vez agotados sin éxito, todos los mecanismos de protección que existen en el país”, comunicó Cecodap.
