En la declaración del IV encuentro anual de defensores de los derechos fundamentales del país, los firmantes enfatizaron que el gobierno de Nicolás Maduro acabó con el Estado de derecho
Ramón Alfredo Aguilar y Joel García, abogados del edil fallecido la tarde del lunes 8 de octubre en la sede del Sebin, ubicada en Plaza Venezuela, aseguran que hablaron con Albán el domingo 7 de octubre y que éste no mostraba signos de angustia o depresión
El concejal de Primero Justicia había sido detenido el viernes 5 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Sus familiares habían denunciado que desconocían su paradero
La institución católica exhortó a los funcionarios de seguridad del Estado a acompañar al pueblo venezolano en la lucha contra la represión gubernamental.
El abogado Jesús Ollarves considera que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre la lista Tascón representa un avance, pues deja en evidencias las represalias que puede aplicar un gobierno, en este caso el venezolano, contra los ciudadanos por la expresión de opiniones contrarias a los intereses del oficialismo.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas calificó al país con “D” (la penúltima de cinco categorías) pues no ha cumplido con las normas para hacer seguimiento a los compromisos que adquirió el Estado Venezolano en 2015 en materia de derechos civiles y políticos
Las autoridades del organismo de la OEA advirtieron que lo primero que debe hacer el Estado venezolano es reconocer la gravedad de la crisis en la que se encuentra el país
Francisco Valencia, presidente de Codevida, denunció que pacientes crónicos no cuentan con paliativos para aliviar el sufrimiento por los efectos relacionados a enfermedades como el cáncer terminal.
Desde el año 2016, el CPI ha seguido de cerca las situaciones en la República de Filipinas («Filipinas») y en la República Bolivariana de Venezuela («Venezuela»). Ambos países son Estados Partes del Estatuto de Roma
Todos los presos políticos detenidos desde noviembre de 2017 podrían de ser juzgados en base a una ley que vulnera el Estado de Derecho, carece de legalidad absoluta, y no tiene antecedentes en otras legislaciones del mundo. Expertos consideran que su objetivo busca silenciar la crítica ciudadana.
El abogado Keymer Ávila advirtió que las políticas de expansión policial y militar reducen las opciones de control del Estado para hacer frente a la criminalidad.
