El pronunciamiento de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, este 5 de noviembre, es un paso crucial, pero no definitivo a efectos de la apertura de una investigación propiamente dicha contra Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno. Aún falta determinar si el Estado venezolano ha hecho lo suficiente para que los crímenes no queden impunes
“Este es un asunto que nos afecta principalmente como país, pero es una crisis que afecta a toda la región, ya que esa crisis migratoria proveniente de Venezuela ha adquirido gran magnitud”, afirmó el canciller colombiano
Joel García, abogado del diputado señaló que desde el 14 de agosto no le han permitido tener comunicación con el diputado de la Asamblea Nacional, apresado en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)
Las presunciones de que el diputado Juan Requesens fue torturado para que aportara información sobre el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, reavivan el debate sobre los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado. Naciones Unidas ha establecido que no son casos aislados sino un patrón de conducta que se ha consolidado.
En junio de 2015 (y con siete años de retraso) el Estado venezolano presentó ante Naciones Unidas el cuarto informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esa oportunidad fue evaluada la situación en el país, se identificaron las violaciones de derechos humanos y las autoridades gubernamentales se comprometieron a aplicar correctivos. Casi tres años después (este 26 de marzo de 2018) el Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado no ha cooperado con el escrutinio internacional y, por ello, Venezuela recibió la calificación “D”, la penúltima en una escala de cinco. El próximo 24 de julio de 2018, las autoridades estatales deben presentar el próximo informe. Proiuris recuerda las obligaciones pendientes.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, describió los patrones restrictivos que se han consolidado en el país, en contra de los estándares internacionales
