Acceso a la información y libertad de expresión; que haya organismos de justicia transparentes, autónomos e imparciales, así como cooperación internacional para combatir irregularidades en la administración de fondos públicos son algunas de las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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Erick S. González Caldea
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó este viernes la resolución 1/18 sobre Derechos Humanos y Corrupción, a través de la cual instan a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos a garantizar que sus sistemas de justicia sean independientes, imparciales, autónomos y capaces.
“Esta resolución es una aproximación integral de la CIDH sobre el tema, y aunque muchos de los aspectos que aborda han sido ya desarrollados por la Comisión; en esta ocasión, destaca algunos ejes fundamentales y formula recomendaciones para abordar el fenómeno desde el enfoque de derechos humanos”, expresó la CIDH en el documento. En la Cumbre de las Américas, que se celebrará en abril de 2018 estos tópicos serán analizados.
Para la CIDH “la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, que debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”.
La resolución fue aprobada en Bogotá, Colombia, en el marco del 167 Período de Sesiones de la CIDH.
Transparencia, acceso a la información y libertad de expresión fueron otros de los tópicos enunciados en el documento de la CIDH, en el cual recomienda a los estados a “fortalecer sus capacidades para garantizar de manera proactiva el acceso a información pública, clave para la lucha contra la corrupción; y sus mecanismos de transparencia activa y rendición de cuentas respecto a los gastos e inversiones en infraestructura, la financiación de las campañas electorales, la transparencia en el funcionamiento de los partidos políticos”.
Recopilar, producir, analizar y difundir periódicamente datos estadísticos e información sobre las denuncias de corrupción que reciben los distintos organismos de control y supervisión, es otro de los aspectos que destacó la CIDH en su resolución 1/18. Además, enfatizó que los Estados deben “promover un ambiente con garantías para la libertad de denunciar actos de corrupción, el desarrollo del periodismo investigativo y el ejercicio del derecho a buscar, recibir y difundir información relativa a corrupción”.
“Esto incluye garantizar la seguridad de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas que investigan y denuncian corrupción, derogar leyes de desacato y difamación criminal y garantizar la proporcionalidad de sanciones civiles, asegurar la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas; y establecer sistemas de protección de denunciantes de corrupción”, señaló la CIDH en su resolución 1/18.
En cuanto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la CIDH recomendó a los Estados a adoptar políticas públicas y mecanismos efectivos para erradicar la corrupción.
“En las políticas y programas sociales, se debe fortalecer y generar mecanismos de transparencia activa y acceso a la información oportuna y adecuada. (…) Generar mecanismos jurídicos, legales y de política pública que permitan establecer claramente el impacto de las diferentes formas de corrupción en el efectivo disfrute de los DESCA de las personas y colectivos, especialmente de quienes viven en la pobreza o pobreza extrema, como de aquellos históricamente discriminados”, destacó la CIDH.
La Comisión considera necesario que se adopten las medidas necesarias para fortalecer los sistemas de supervisión y fiscalización de actividades de extracción, explotación o desarrollo. “Es indispensable que estas medidas contemplen mecanismos de participación efectiva en los procesos de toma de decisiones para todas las personas, grupos y colectividades que estén potencialmente afectados por un proyecto o actividad extractiva o desarrollo”, señala el texto.
Cooperación internacional
La Comisión interamericana reafirmó la importancia de la cooperación entre Estados para que su acción sea efectiva al momento de combatir la corrupción. Instó a los miembros a adoptar medidas que hagan efectiva la cooperación internacional, “incluyendo la creación de unidades de investigación multilaterales que pudiesen fomentar una política coordinada de identificación de flujos de activos destinados a corrupción, y de recuperación de activos”.
Insistió en que se debe promover la adopción de medidas regionales para la reparación a víctimas de la corrupción, tales como la evaluación sobre la creación de un fondo que permita dicha reparación. “Se debe promover una respuesta regional a la corrupción desde un enfoque de derechos humanos”, concluyó.
