Rechazaron lo que consta en el expediente instruido contra el parlamentario: se le vincula con los ataques al Fuerte Paramacay, ocurridos el 6 de agosto de 2017 y, resultados de exámenes médicos indican consumo de alcohol y cocaína
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Erick S. González Caldea
Familiares del diputado Juan Requesens denunciaron ante la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público que tiene 43 días incomunicado. No lo han visto ni una vez desde el 7 de agosto de 2018, cuando fue detenido por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), luego de ser vinculado con el presunto magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Oriana Granati, esposa del parlamentario; su hermana, la dirigente estudiantil Rafaela Requesens; y su padre, Juan Guillermo Requesens, acudieron ante la Fiscalía General de la República para exigir que se les proporcione información acerca del estado de salud del parlamentario y que se les permita verlo.
“Juan siempre ha dado la cara por el país. Su lucha ha sido democrática. Como familia, exigimos verlo. A él le tocó la parte ‘mala’ de luchar por pensar diferente a este régimen”, señaló Oriana Granati.
Enfatizó que el gobierno violó no solo violó los derechos de Requesens, al impedirle comunicarse con su familia y abogados de su confianza, sino que también están vulnerando los derechos de sus hijos, quienes tampoco han tenido contacto alguno con el parlamentario. “Mis hijos quieren ver a su papá. Todos los días preguntan por él”, indicó.
Juan Guillermo Requesens, padre del diputado, exigió que a su hijo le hagan una evaluación médica con especialistas capacitados e independientes, para que se precise cuál es el estado actual de su salud. “Exigimos saber la situación médica de Juan. Responsabilizo al régimen de la salud y la vida de mi hijo”, señaló.
Joel García, abogado del parlamentario Requesens, informó este 18 de septiembre, que finalmente tuvo acceso al expediente del caso. Dijo que le alarmó que en esos documentos se vincula al diputado con los hechos ocurridos en el Fuerte Paramacay, el 6 de agosto de 2017, cuando un grupo de militares disidentes al gobierno liderados por capitán de la GNB, Juan Caguaripano, atacaron esa sede y se llevaron un grupo de armas.
Hasta el presente solo ha trascendido que la imputación fiscal contra Requesens se limita a su presunta participación en el supuesto atentado contra Maduro, durante la parada militar que tuvo lugar en la avenida Bolívar de Caracas, el 4 de agosto de 2018. Por esos hechos, el Ministerio Público lo responsabiliza de ocho delitos: 1) traición a la patria, 2) homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración contra el presidente de la República, 3) homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración contra siete militares, 4) terrorismo, 5) asociación para delinquir, 6) Instigación pública continuada, y 7) uso de artefactos explosivos, y 8) daños a la propiedad.
El padre de Requesens rechazó que intenten relacionar al legislador por el estado Táchira con esos sucesos. “Eso es una parte más de esa bazofia que están acostumbrados a construir y montar. No hay argumentos para vincularlo. No me extrañaría que lo liguen con los platillos voladores que salieron en Roswell en los años 50. Aquí se inventan todos los días argumentos para tapar su irresponsabilidad”, enfatizó Guillermo Requesens.
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Destacó que el expediente está lleno de mentiras. “Están consignados unos exámenes que señalan que en la sangre de Juan había rastros de cocaína y alcohol. Eso no es cierto. Juan no es ni drogadicto ni alcohólico”.
Señaló que desconoce si su hijo recibe los alimentos y medicinas que entregan todos los días a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la sede del Helicoide. “Si no recibe los alimentos según la prescripción médica puede tener elementos catastróficos para su salud. Igual con las medicinas. Se le mandan las medicinas ¿Le llegan? No lo sé”, aseguró.
