La desesperación puede aumentar la vulnerabilidad de los venezolanos que huyen del país. Leidy Chaparro cuenta por qué regresó de Colombia y el sacerdote Alfredo Infante propone la reivindicación de la migración como derecho humano
Reporte Proiuris
Alejandro Romero
De los diez meses que permaneció en Colombia los últimos diez días fueron los peores. Verse obligada a pernoctar junto con sus cuatro hijos menores de edad en un terminal de pasajeros en Bogotá es la amarga experiencia que fundamenta una afirmación tajante: “No volvería a migrar”.
Leidy Chaparro era administradora en el colegio Fe y Alegría de la parroquia San Alberto Hurtado, en La Vega, pero la suma de su sueldo y el de su esposo no les alcanzaba para mantener a la familia. Primero se fue él y, tres meses después, en julio de 2018, ella y sus cuatro hijos les siguieron los pasos hasta Cali.
Optaron por Colombia, porque la madre de su esposo es colombiana y podrían tramitar la nacionalidad de ese país, para obtener mayores oportunidades de trabajo y estudio, así como de seguridad social.
“La mamá de mi esposo es colombiana, ella emigró para Venezuela cuando tenía 16 años. Su cédula de allá estaba muy deteriorada, pero aun así él logró apostillar todos sus papeles, eso lo hizo conseguir trabajo más rápido”, señaló.
Con sus documentos de identidad en regla, Leidy y sus hijos cruzaron la frontera sin contratiempos. Ya en Colombia tramitaron y obtuvieron el Permiso Especial de Permanencia (PEP), con lo cual la familia tenía acceso a servicios públicos de salud y a educación para los menores de edad. “El gobierno colombiano nos trató muy bien, siempre cumplieron con todo lo que necesitábamos”, agradeció la mujer.
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Todo iba bien hasta que se quedaron sin casa. Tuvieron que desalojar la vivienda donde vivían en Cali, porque la arrendadora decidió usarla como su residencia. “Salimos a la calle a buscar otros arriendos. Nos decían que no, porque teníamos muchos niños. Nos pedían fiadores con bienes raíces. Se nos hizo todo muy difícil”, relató Leidy.
El retorno a Venezuela no fue fácil. Tuvieron que reunir más de 3.000 dólares en pasajes. En Bogotá trataron de entrar en contacto con grupo de monjas que ayudan a los migrantes venezolanos, pero no localizaron a las religiosas “Pasamos diez días durmiendo en el terminal, hasta que pude comunicarme con el padre Alfredo, que coordinó la ayuda para movilizarnos hasta Cúcuta”.
Una vez en Cúcuta, la Compañía de Jesús los recibió y los guiaron para cruzar hasta San Antonio, donde pudieron gestionar ayuda y regresar a su hogar en Caracas.
Ese “padre Alfredo” es el sacerdote Alfredo Infante, fundador del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Venezuela, quien considera que la planificación es fundamental para reducir los riesgos asociados a la migración forzada.
El padre Infante explicó que la planificación que contribuye a prevenir riesgos se sustenta en formación e información | Foto: Alan Márquez
Por lo general, una persona en estado de desesperación no planifica, razona Infante, y queda expuesta a una situación de vulnerabilidad que puede ser mayor a la que la obligó a huir de Venezuela.
El 7 de junio de 2019, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), ofreció cifras que ilustrar la dimensión de la crisis de movilidad humana causada por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. El número de refugiados y migrantes venezolanos aumentó de 695.000 a fines de 2015 a más de 4 millones a mediados de 2019. “En solo siete meses desde noviembre de 2018, el número de refugiados y migrantes aumentó en un millón”, precisó Acnur.
Esas estadísticas preocupan a Infante, quien advierte que la migración es un derecho humano, pero no implica una solución automática a los problemas que afrontan los venezolanos
La planificación que contribuye a prevenir riesgos, continuó el sacerdote, se sustenta en formación e información. Formación de todos los involucrados, para que los Estados garanticen y los ciudadanos exijan su derecho a movilizarse de un país a otro en condiciones seguras. Información suficiente y actualizada sobre las gestiones que debe realizar para obtener protección internacional o ayuda de organizaciones no gubernamentales.
Infante propone esfuerzos articulados de las organizaciones de la sociedad civil para establecer protocolos que ayuden a los migrantes a conocer los riesgos de migrar sin planificación y las ventajas de migrar con planificación.
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“En el Servicio Jesuita a Refugiados se presta acompañamiento y se publican las rutas migratorias. Con esto no se promueve la migración, se promueve la seguridad con perspectiva de derechos humanos”, aseveró el sacerdote.
Infante añade que en los casos de migración forzada de las familias en las que existe un antecedente migratorio, se aprecia una suerte de planificación medianamente organizada que implica trámites burocráticos para recuperar la nacionalidad de los padres o abuelos. También es factible que estas personas tengan familiares que residan en el país de destino que estén dispuestos a ayudarlos, sin embargo, como quedó evidenciado con el testimonio migratorio de Leidy, aun contando con los recursos legales, la principal dificultad de la migración forzada es poder mantenerse a largo plazo.
“Los venezolanos que hoy huyen del país son refugiados y los Estados no los reconocen como tal debido a lo que eso implica (…) Por ende, hoy más que nunca, la planificación migratoria puede apoyar al migrante a que conozca sus derechos y reduzca el riesgo de vulnerabilidad”, señaló el sacerdote.
Alfredo Infante considera que a pesar de las calamidades que constituyen el origen de la migración forzada de venezolanos, también surge una oportunidad de crecimiento como ciudadanos con conciencia de derechos: “La migración nos ha dejado y nos seguirá dejando un gran aprendizaje como pueblo”.
