El comisionado Joel Hernández recordó al Estado peruano los principios internacionales establecidos en el Pacto Mundial para la Migración, que deben ser garantizados para la protección de los migrantes y refugiados venezolanos
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
Las instituciones peruanas deben manejar con cuidado los mensajes que transmiten a través de las redes sociales oficiales para evitar alentar la xenofobia. Así lo advirtió Joel Hernández, comisionado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia pública titulada “Situación de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas venezolanas”, celebrada este martes 24 de septiembre en Washington DC, Estados Unidos.
La denuncia sobre los casos de xenofobia contra los migrantes venezolanos en Perú fue el punto de discusión entre los representantes de la sociedad civil y el Estado peruano.
“En el plan de migración segura se hace una referencia directa a Venezuela, dando a entender que los migrantes venezolanos son delincuentes; esto aumenta la xenofobia”, enfatizó el representante de las organizaciones peruanas adscritas a la Coordinadora Nacional de Perú para los Derechos Humanos (Cnpddhh).
Recordó que algunos países de la región impusieron como requisito una visa para que los venezolanos puedan ingresar. “A partir del 1 de junio de 2018 se vio en Perú un aumento de los ataques de xenofobia, e incluso, algunos representantes públicos aseguraron que habían demasiados venezolanos e impusieron el requisito de pasaporte, contrario a lo establecido en la Constitución del Perú”, sostuvo Cnpddhh.
Por su parte, el Estado peruano puntualizó que las leyes migratorias mantienen excepciones para las mujeres, niños, niñas y adolescentes. “Hay excepciones en migración: niños, mujeres embarazadas, personas mayores y reunificación familiar; basta decir que desean reunirse con sus familiares que se encuentran en el Perú y se les inicia el proceso”, enfatizó.
El Estado expuso que se registró un incremento en la inseguridad en los últimos meses. “En torno a la seguridad, ha habido un incremento estos últimos meses, que incluso afecta a los venezolanos que se encuentran en el Perú. Si alguno de los involucrados aseguraba estar en condición de refugio se detenía el proceso de expulsión”, alegó.
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“En Perú estamos viendo una situación de violencia e inseguridad nunca antes vista. Estamos en el deber de proteger a nuestra población. Reconocemos que no todos los venezolanos son delincuentes, pero dentro del flujo han ingresado personas con antecedentes”, complementó el Estado peruano.
Por su parte, Ligia Bolívar, directora de Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, enfatizó durante la audiencia que los requisitos solicitados por el Estado peruano “están obstruyendo la reunificación familiar de los venezolanos, mientras que en años previos recibieron muy bien a la primera ola compuesta en su mayoría por hombres”.
Sostuvo que, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctrina de seguridad nacional no está por encima del disfrute y garantía de los derechos humanos. “El Perú, en principio, abrió los brazos a la migración forzada venezolana pero hoy ha impuesto medidas que pueden incentivar la trata y otras violaciones de los derechos humanos”, enfatizó Bolívar, quien además considera que el Estado peruano puede solicitar cooperación internacional para atender la migración forzada de venezolanos, pero debe ofrecer especial atención a estas personas que están en condiciones de vulnerabilidad.
Entre tanto, el comisionado Hernández recordó al Estado peruano los principios internacionales establecidos en el Pacto Mundial para la Migración, que deben ser garantizados para la protección de los migrantes y refugiados venezolanos.
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El comisionado Luis Ernesto Vargas, Relator para los Migrantes y Refugiados, argumentó que se tienen que mantener los principios internacionales en todo momento. Vargas cuestionó la existencia de futuros proyectos por parte del Estado peruano para la atención de los venezolanos migrantes. “Es necesario aumentar y garantizar las capacidades”, expuso.
Durante la sesión, la comisionada Flavia Piovesan solicitó información sobre los reportes de devolución de personas venezolanas y las medidas de protección especial para atender a personas en condición de vulnerabilidad; sin embargo, el Estado peruano no hizo nuevas acotaciones.
La comisionada destacó la necesidad de «pasar de una visión de crisis a una de generar oportunidades». Además, solicitó al Estado peruano información sobre la inversión y recursos que han sido destinados a atender a la población venezolana en condición de refugiada.
La CIDH informó que realizará un informe sobre la migración forzada de venezolanos que será presentado en los próximos meses para mostrar las vulneraciones a sus derechos humanos.
