Tras la denuncia hecha por los familiares de las víctimas del asesinato de cinco hombres a manos de funcionarios del Cicpc, la fiscal 32 Dusay del Carmen Dueña González, dio su palabra de investigar a fondo la presuntas ejecuciones extrajudiciales
Reporte Proiuris
Erick S. Gonzaléz Caldea
Familiares y allegados de Luis Carlos Torres Bello de 24 años de edad, Armando Miguel Torres Bello de 27 años, Luis Borges de 24, Gabriel Borges de 25, y Edilberto Blanco de 18, salieron a protestar en la autopista Caracas-Guarenas, a la altura del túnel de Turumo, desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. para denunciar la presunta ejecución extrajudicial de los jóvenes, ocurrida la tarde del 13 de enero a manos de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc).
Un centenar de personas trancaron la vía con el fin de exigir respuesta a las autoridades, además de desmentir las versiones oficiales difundidas por varios medios de comunicación que hiceron eco de un supuesto enfrentamiento.
“Queremos que limpien el nombre de mis dos sobrinos y de sus amigos, ellos no eran ningunos delincuentes. Eran chamos sanos e inocentes, lo pueden asegurar mis vecinos”, explicó Maira Martínez, tía de los hermanos Luis Carlos y Armando Miguel Torres Bello.
La fiscal 32 aseguró que el Ministerio Público hará todo lo posible para investigar el caso de la masacre | Foto: Alan Márquez
Los manifestantes solicitaron la presencia de un fiscal del Ministerio Público como condición para terminar la protesta. A las 11:00 a.m., la fiscal 32, Dusay del Carmen Dueña González, se trasladó al lugar para hablar con los familiares y vecinos de las víctimas.
“Personalmente investigaré este procedimiento donde fallecieron los jóvenes. Me pongo a la orden y pongo a la orden la institución a la cual represento. Al final todos queremos ser escuchados. Se logró su objetivo, fueron escuchados”, asguró la fiscal.
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Dueña advirtió a los familiares que tienen que formular las denuncias por escrito: “Todo se tiene que quedar por escrito para que sea efectivo”, subrayó. Sin embargo, el acuerdo verbal fue grabado por los manifestantes del lugar.
El equipo de Proiuris entrevistó a la fiscal 32 del Ministerio Público con el fin de saber en qué orden se llevarán a cabo las investigación, puesto que entre las exigencias de los familiares de las víctimas estaba que entregaran los cuerpos en el menor tiempo posible para hacer las exequias correspondientes.
“Tengo que ser muy responsable, me trasladé al sitio, como fue solicitado por los familiares y vecinos. No puedo dar declaración de lo que no he sido informada. En cuanto a entregar los cuerpos, no les puedo dar garantías de que sea hoy (14 de enero) pero trataremos que sea lo más rápido posible”, señaló.
No fue un enfrentamiento, fue una masacre
Maira Martínez, tía de Luis Carlos y Armando Miguel Torres Bello, denunció la ejecución de sus dos sobrinos. “Ellos no se enfrentaron, los acribillaron”, aseguró la mujer durante la protesta.
Relató que a las 3:00 pm del 13 de enero, los hermanos Bello, junto a Edilberto Blanco, Gabriel y Luis Borges, regresaban del cementerio Jardines del Cercado, vía a Turumo, en el automóvil de Armando Torres, un Ford Fiesta plateado, cuando fueron interceptados por una patrulla del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
“Ellos fueron a visitar la tumba de uno de los hermanos Borges, que cumplía un año de muerto tras su accidente de tránsito; los vecinos vieron cuando la patrulla se le atravesó a mitad del camino. Luego, mi sobrino, Luis Torres Bello, que estaba de copiloto, se bajó con las manos al aire diciendo que no eran ningunos delincuentes. Igual le dispararon”, lamentó Martínez.
El joven de 24 años de edad recibió varios disparos en el pecho tras bajarse del vehículo. Mientras que las otras cuatro víctimas fallecieron dentro del automóvil; el grupo tenía heridas en el rostro, como constataron los familiares a través de las fotos difundidas en las redes sociales.
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Según la versión policial, los jóvenes eran presuntos miembros de una banda delictiva dedicada a la extorsión y secuestro. Sin embargo, los allegados de las víctimas desmintieron los señalamientos hechos por los funcionarios policiales.
“Ninguno de ellos era delincuente. Los hermanos Torres Bello eran choferes en empresas privadas. Los hermanos Borges tenían un año viviendo en Colombia, mientras que Edilberto era estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Bolivariana (Unefa)”, declaró Vladimir Alcalá, uno de los allegados de los fallecidos.
Relató que Edilberto Blanco había cumplido año unas semanas antes de ser asesinado. “Hasta no hace mucho era un menor de edad. Qué lamentable que los policías comentan estos actos”, repudió.
Luis Carlos Torres dejó dos hijos; su hermano dejó 14 niños y una mujer embarazada. Este sería la primera masacre reportada en el año a manos de funcionarios policiales.
