A través de un comunicado suscrito por el agente del Estado Larry Davoe, se alegó que Venezuela no es parte de la OEA y que la invitación formulada por Juan Guaidó es írrita
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
“El Gobierno venezolano no autoriza la supuesta visita de la CIDH a nuestro país”. Ese fue el mensaje que envió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el agente del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Davoe, en representación del gobierno de Nicolás Maduro.
El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, hizo pública la carta enviada a la CIDH a través de su cuenta oficial en Twitter, en la que escribió: “Esta es la clarificante comunicación enviada a la @CIDH el pasado #27Ene. Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada”.
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La CIDH confirmó su visita a Venezuela para constatar situación en materia de derechos humanos en el país, entre los días 3 y 7 de febrero de 2020, como parte de las acciones del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) orientado a la protección, respuesta y monitoreo de la crisis de derechos humanos en el país. La invitación fue canalizada a través del gobierno interino de Juan Guaidó.
En la carta se destaca que el gobierno de Maduro no ha invitado a la CIDH y se hace referencia al “histórico irrespeto de la Comisión a los principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos», se lee en la misiva.
Esta es la clarificante comunicación enviada a la @CIDH el pasado #27Ene.
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 31, 2020
Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada. pic.twitter.com/M3J4z2NubY
Asimismo, Davoe expresó que «Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas ante la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país, conforme a las normas del derecho internacional y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
Subrayó que «la Asamblea Nacional en desacato no tiene competencia para actuar en nombre del Estado venezolano ante organismos internacionales de carácter intergubernamental, pues dicha atribución se encuentra reservada de manera exclusiva al Poder Ejecutivo nacional».
