Denuncian ante la CIDH que la autonomía universitaria en Venezuela está en riesgo

Funcionarios de la Guardia Nacional reprimieron 82% de las manifestaciones convocadas por la comunidad académica.
DAVID MATOS-PRENSA PROIURIS.
La autonomía universitaria está en riesgo. Así lo denunciaron representantes de instituciones del sistema de educación superior y asociaciones civiles ante la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes fueron algunas de las situaciones que  profesores y estudiantes universitarios que han sido víctimas luego de ser detenidos,  arbitrariamente,  por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. En el contexto de protestas antigubernamentales de 2017 se registró la detención de 17 profesores y 339 estudiantes que en su mayoría fueron presentados ante la justicia militar.
“21 universitarios fueron asesinados en el contexto de las protestas antigubernamentales entre abril y julio de 2017” precisaron, al denunciar el uso de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como aparato represor del gobierno en 82% de las manifestaciones convocadas por la comunidad académica en todo el país.
Las denuncias formaron parte de la audiencia “Derecho a la educación en Venezuela” durante el  165° período de sesiones públicas celebradas el 24 de octubre en  Montevideo, Uruguay. La sesión fue solicitada por el Estado.
Entre las organizaciones de la sociedad civil participaron la Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos, Centro para la Paz  y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (CPDH-UCV),  Asociación Venezolana de Derecho Constitucional (AVDC), la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes  (FENASOPADRES), entre otros.
Discriminación en el sector. David Gómez Gamboa, representante de Aula Abierta, denunció el uso frecuente de un lenguaje soez y discriminatorio por parte de funcionarios policiales y militares durante hechos en los que manifestantes son señalados como golpistas, terroristas o conspiradores. Denunció el uso sistemático del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interferir en los procesos electorales de autoridades y representaciones estudiantiles universitarias mediante más de 40 sentencias de la Sala Electoral.
Recientemente, la Coalición de centros universitarios de derechos humanos denunciaron que en 2017 se observaron otras prácticas mediante las cuales se ha pretendido imponer la sustitución de autoridades en las universidades.
Aula Abierta registró recientemente la desincoporación temporal de  896 estudiantes del programa de becas Jesús Enrique Lossada, ubicado en el Zulia, luego de que firmaran a favor  del referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro, y la criminalización política contra estudiantes de la UNEFA y de la Universidad Bolivariana en represalias por haber manifestado críticas contra el gobierno o por pertenecer a alguna agrupación política o civil de oposición.