Un solo caso ha llegado a juicio

Tarek William Saab es responsable de la impunidad

“Desde el cambio de Fiscal General, a principios de agosto de 2017 –cuando Tarek William Saab fue designado en el cargo por la Asamblea Nacional Constituyente- las autoridades estatales no han actuado con la diligencia debida para investigar de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de seguridad, castigar a los presuntos perpetradores y determinar las responsabilidades de las autoridades en los distintos niveles de la cadena de mando, deficiencia que constituyó una violación del derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad y la justicia”, indica el informe.

El Acnudh tiene indicios de que 46 manifestantes fueron asesinados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y otras 27 personas por miembros de los colectivos armados afectos al gobierno. También se precisó que el Ministerio Público ha emitido 54 órdenes de detención. Pero, transcurrido más de un año solo se ha iniciado la etapa formal de juicio en el caso de un policía municipal acusado de matar a César Pereira, el 27 de mayo de 2017, en el estado de Anzoátegui.

Ante la negativa del gobierno de permitir la visita a Venezuela de organismos internacionales de derechos humanos, el Acnudh realizó 150 entrevistas con víctimas y testigos, así como con representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y universitarios, y el examen detenido de informes y datos aportados por diversas fuentes. “Los familiares de 19 de las personas muertas durante las protestas de 2017 indicaron que habían perdido la confianza en el sistema de justicia y que no esperaban que el gobierno fuera a rendir cuentas de manera fehaciente sobre lo ocurrido”, precisa el Acnudh.

“Las fuerzas de seguridad, en particular la Guardia Nacional Bolivariana, bloquearon los esfuerzos que estaban desplegando la Fiscal General anterior –Luisa Ortega Díaz- y su oficina para identificar a los presuntos perpetradores. El Acnudh conoció casos en los que las pruebas no se habían incorporado a los expedientes o habían desaparecido. También documentó casos en que miembros de las fuerzas de seguridad, presuntamente responsables de la ejecución extrajudicial de manifestantes, fueron liberados a pesar de ser objeto de órdenes judiciales de arresto o permanecieron simplemente retenidos en comisarías o cuarteles militares donde podían moverse libremente y no eran tratados como detenidos. En los pocos casos en que se identificó a los presuntos perpetradores de tales actos y se los privó de libertad, su procesamiento en los tribunales se retrasó injustificadamente”, señala el documento.

85%

de las protestas son motivadas por la crisis

Aumenta el descontento y la represión

“El Acnudh observó que, como consecuencia del agravamiento de la crisis socioeconómica, los reclamos de los manifestantes fueron cambiando cada vez más de demandas políticas a demandas sociales y económicas. Así, en más del 85% de las protestas registradas en lo que va del año 2018, los manifestantes han reclamado mejorías en los derechos laborales y el acceso a alimentos, medicamentos, atención médica y otros servicios básicos, como electricidad, agua potable y gas doméstico”, asegura Naciones Unidas

“Tras las protestas masivas de 2017, las autoridades estatales, en particular las fuerzas de seguridad, han continuado impidiendo el ejercicio pleno del derecho de reunión pacífica, sobre todo mediante el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias. Al menos cuatro personas, incluido un niño, han muerto en el contexto de las protestas entre enero y abril de 2018. Las fuerzas armadas, a saber la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y grupos de civiles armados que apoyan al gobierno denominados colectivos armados, continuaron interviniendo en operaciones relacionadas con el orden público en el marco del Plan Zamora”, se denuncia.

24

niños asesinados en OLP

El Cicpc es juez y parte

“El Acnudh constató que el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad durante las manifestaciones es uno de los aspectos de la problemática más amplia que constituye el empleo excesivo de la fuerza en las operaciones de seguridad en general, que se ha venido manifestando al menos desde 2012. Desde julio de 2015, las autoridades estatales se han servido de las llamadas ‘Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)’ como instrumento para demostrar sus pretendidos éxitos en materia de reducción de la criminalidad. El Acnudh comprobó que existía un patrón de uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de los órganos de seguridad en dichas operaciones, las cuales se saldaron con un gran número de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. El Ministerio Público comprobó que, entre julio de 2015 y marzo de 2017, las fuerzas de seguridad mataron a 505 personas en el marco de OLP, entre ellas 24 niños. Las OLP también se caracterizaban por el alto nivel de impunidad. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que presuntamente era responsable de la mayoría de los homicidios cometidos durante las OLP, también estaba encargado de llevar a cabo los exámenes forenses relativos a todas las muertes violentas”, refiere el informe.

12.320

detenciones arbitrarias

La represión es selectiva

“Según interlocutores de la sociedad civil, al menos 12.320 opositores políticos o personas consideradas como opositoras, o como amenazas para el Gobierno, fueron detenidos arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018. De estas personas, más de 7.000 fueron liberadas con la condición de que acaten una serie de medidas que restringían sus libertades. Siguen enfrentando largos procedimientos penales incoados en su contra, en algunos casos ante los tribunales militares. Muchas de estas personas viven con el temor de ser detenidas nuevamente, y algunas han abandonado Venezuela”, advierte el Acnudh y las más recientes tandas de liberaciones de presos políticos lo confirman.

90

casos de torturas

Existe un patrón sistemático

“El Acnudh reunió información sobre más de 90 casos de personas que fueron arbitrariamente privadas de libertad antes, durante y después de la ola de protestas masivas de 2017, y que estando detenidas fueron sometidas a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, muchas de las cuales podrían constituir formas de tortura. Los agentes de seguridad, notablemente los miembros del Sebin, la Dgcim y la GNB, recurrieron a tales medidas para intimidar y castigar a los detenidos, así como para extraer confesiones e información. Los casos más graves tuvieron lugar por lo general en locales del Sebin, la Dgcim y del ejército, en todo el país. Algunas personas fueron retenidas en lugares de detención no oficiales. Entre los actos de malos tratos y tortura documentados se incluyen la aplicación de descargas eléctricas, golpes fuertes, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua”, especificó el organismo internacional.

“Según pudo determinar el Acnudh, la impunidad por actos de tortura y malos tratos era predominante, y las autoridades no han investigado de manera rápida y efectiva las denuncias verosímiles de tortura y malos tratos que recibían, lo que hubiera permitido procesar a los presuntos autores y proporcionar reparaciones a las víctimas. Los casos documentados por el Acnudh, junto con la información recogida, indican que los malos tratos y la tortura infligidos a personas privadas de libertad por haber expresado ciertas opiniones políticas o por haber ejercido sus derechos humanos no son incidentes aislados. Por el contrario, se ha documentado que las mismas formas de malos tratos han sido cometidas por agentes de diferentes unidades de seguridad en todo el país, en diferentes centros de detención y con el presunto conocimiento de oficiales superiores, lo que demuestra claramente la existencia de un patrón de conducta”, se destaca en el documento.

95%

de déficit de medicamentos

La agonía de las personas con enfermedades crónicas

“Al menos 300.000 personas que viven con enfermedades crónicas se han visto gravemente afectadas por el hecho de que los medicamentos que necesitan no están disponibles o tienen precios prohibitivos. Desde 2015, el Instituto Venezolano de los Servicios Sociales ha limitado la adquisición de tratamientos de alto costo, principalmente debido a la deuda que ha acumulado con sus proveedores externos. En 2017, el Instituto alcanzó un 95% de déficit de medicamentos y de incapacidad material para brindar tratamiento a pacientes afectados por enfermedades crónicas. Por ejemplo, casi el 77% de las 77.000 personas que vivían con el VIH/SIDA no tuvieron acceso a un tratamiento adecuado a lo largo de 2017. Tampoco se dispuso de reactivos para evaluar el nivel de anticuerpos en su sangre. A fines de 2017, el Instituto solo tenía existencias de cuatro medicamentos antirretrovirales entre un total de 26. El Acnudh también recibió informes según los cuales las mujeres embarazadas que viven con el VIH/SIDA habían dado a luz sin ser objeto de las medidas y el tratamiento adecuados para evitar la trasmisión del virus a sus bebés. Alrededor de 55.000 pacientes con cáncer también han sido afectados por limitaciones a su tratamiento. La mayoría de los equipos de radioterapia en los hospitales públicos no funcionan debido a la falta de mantenimiento”, determinó el Acnudh.

85%

menos de arepas

Arrecia el hambre

“Entre 2013 y 2017, la producción de maíz blanco, que se utiliza para preparar arepas (alimento básico que acompaña todas las comidas venezolanas), se redujo en un 85%. Según se informó al Acnudh, al comienzo de la temporada de siembra de maíz blanco de 2018, los productores solo disponían del 10% de las semillas y los fertilizantes indispensables para el cultivo de sus tierras. Tras la caída de los precios del petróleo y la reducción de la capacidad de extracción de Pdvsa, las importaciones de alimentos disminuyeron enormemente, sin que el gobierno fuera capaz de reactivar la producción nacional de alimentos para colmar el déficit de aprovisionamiento”, indica Naciones Unidas.

“El Acnudh observó que la disponibilidad de alimentos había alcanzado mínimos críticos, puesto que las importaciones de alimentos se habían reducido en un 76% entre 2013 y 2017, y que el aprovisionamiento asegurado por la producción nacional había pasado del 75% de la demanda de alimentos en 2013 a apenas el 25% a fines de 2017”, agrega el informe.

31.600

CLAP no bastan

El derecho a la alimentación no está garantizado

“El gobierno declaró que, a finales de 2017, se habían organizado 31.600 CLAP, en beneficio de seis millones de familias, y que se habían repartido 90.000.000 de cajas”, refiere Naciones Unidas.

El Acnudh enumeró tres razones por las cuales los CLAP no cumplen con los estándares más favorables para la proteccióndel derecho a la alimentación adecuada, establecidos en la Observación General Nº 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales:

El programa no satisface las necesidades nutricionales de los venezolanos. El contenido nutricional de los alimentos que vienen en las cajas CLAP es bajo en proteínas y vitaminas, y alto en grasas, azúcares y carbohidratos. Los artículos de una caja no alcanzan para cubrir las necesidades alimenticias semanales de una familia, y la calidad de algunos productos, como la leche, es inadecuada.
El programa carece de procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas claros. Como los CLAP operan a través de una estructura paralela, ajena a la supervisión de cualquier ministerio, y no están dotados de un mecanismo efectivo para presentar quejas, los miembros de los comités locales pueden tomar decisiones arbitrarias a la hora de designar a los beneficiarios, de fijar el costo de la caja y de decidir cuándo detener las entregas.
El programa ha sido utilizado como una herramienta para la propaganda política y el control social. Los CLAP mantienen fuertes vínculos con el partido gobernante, el PSUV, y no solo con el gobierno. De hecho, operan a través de las estructuras organizativas locales del partido en cada barrio. Los CLAP publican una revista oficial que se ha utilizado claramente para apoyar al PSUV en las últimas elecciones, así como para condenar a los opositores políticos, y, durante el proceso electoral, imprimieron en las cajas el rostro del presidente Nicolás Maduro.