El monitoreo realizado por Proiuris arrojó que durante el mes de agosto ocurrieron tres agresiones desde el poder político contra 10 dirigentes de oposición, que superó las acciones de amenazas verbales anteriormente registradas, deviniendo en acciones concretas sobre el desconocimiento de los fueros procesales para imputar e inhabilitar a funcionarios públicos de la oposición y dirigentes políticos tanto en el exilio como dentro del país.
Texto: Andrés Martínez / Infografía: Edgar Gallardo
Durante el periodo analizado se observó un recrudecimiento del conjunto de acciones represivas contra la disidencia al régimen de Maduro, con la inhabilitación política del ex alcalde Antonio Ledezma, la Fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz, los diputados Julio Borges y Tomás Guanipa, y German Ferrer; por orden de la ilegitima Contraloría General de la República, el pasado 15 de agosto.
Por su parte, la Asamblea Nacional Constituyente el 12 de agosto allanó la inmunidad parlamentaria de los diputados José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael David Guzmán, argumentando supuesta traición a la Patria, y apoyada en la solicitud del también ilegitimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Para el abogado penalista Joel García un órgano como la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), independientemente de su legitimidad, no tiene autoridad para allanar la inmunidad parlamentaria de ningún diputado. Esto solo puedo hacerlo la propia Asamblea Nacional (AN) a través de un debido proceso de investigación, lo cual supone una usurpación en las funciones de este órgano ilegítimo creado por Nicolás Maduro en 2017.
Por su parte el penalista Gonzalo Himiob, explicó que más que allanamiento se trata de un desconocimiento de la inmunidad parlamentaria ya que no existe un procedimiento legítimo legal, lo cual evidencia “una clarísima usurpación de funciones” en los poderes públicos.
En cuanto a la inhabilitación política, Himiob destaca que la Constitución expresa de manera muy clara que a nadie se le puede inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas sino existe una sentencia penal previa. Lo que evidencia una vez más la usurpación de funciones en las instituciones que aún son controladas por el régimen de Nicolás Maduro.
Ambos especialistas insisten en señalar que “en cualquiera de los casos, no se han seguido los procedimientos regulares y por eso que se están dando estas usurpaciones de funciones”. Lo que demuestra la existencia de una estrategia destinada a reprimir y castigar el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las acciones de repudio al régimen.
“Al gobierno no le queda otra estrategia que la de saltarse la de las normas legales y constitucionales para lograr sus propósitos que son definitivamente políticos”, concluyó Himiob.
Barajita repetida
El 26 de agosto, nuevamente la mano derecha del chavismo, Diosdado Cabello, acusó públicamente, sin pruebas, al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de ser el responsable de la explosión de la planta de gas de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Proiuris entre mayo y agosto de este año ha registrado 21 actos de persecución política en su monitoreo.
Infografía: Edgar Gallardo
