Prepara Familia y Cecodap, dos organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia lamentan la indolencia del Estado venezolano
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
A seis meses de la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela la situación de los derechos fundamentales en el país no mejora debido a la indolencia del Estado. Entre los más afectados por la profundización de la emergencia humanitaria complejas están los niños, niñas y adolescentes.
Este 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948.
Para Fernando Pereira, director del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), este 10 de diciembre es propicio para hacer un balance. “En el caso de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, hay grandes omisiones por parte del Estado. Hay un Estado ausente, indolente, que no da respuesta; que no hace nada para que cesen las amenazas y se detengan los atropellos”, señaló.
Pereira sostiene que es tarea de todos tomar conciencia de la gravedad de las acciones u omisiones del Estado que lesionan la dignidad humana.
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El director de Cecodap afirma que en el transcurso de 2019 los niños, niñas y adolescentes, además de las mujeres y los adultos mayores, han sido los más vulnerados. “Ninguna de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni las recomendaciones hechas por Naciones Unidas han sido acatada por el Estado”, enfatizó.
Agregó que las acciones del gobierno de Nicolás Maduro solo han sido cosméticas. “En los hospitales solo vemos medidas cosméticas. Todavía continúan falleciendo niños y niñas que pudieran seguir con una vida plena si se llegara a cumplir con las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”, sostuvo.
Para Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, la indolencia del Estado ha causado la muerte de muchos niños, niñas y adolescentes que recurren al hospital José Manuel de los Ríos, el principal centro de salud pediátrica del país”.
“No son derechos abstractos; los derechos humanos son para tener una vida digna. En Venezuela, vemos cómo a los niños, niñas y adolescentes se les vulnera el derecho a la vida. No existe un Estado de Derecho que permita el cumplimiento de las normas y mecanismos de protección”, indicó.
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Detalló que debido a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, muchas familias con niños, niñas y adolescentes que sufren de alguna enfermedad crónica, se ven obligados a prescindir de los servicios médicos, debido a su costo y a la lejanía de los centros de salud. “Se han comenzado a ver casos donde los padres tienen que dejar que sus hijos fallezcan en sus casas debido que no tienen dinero para llevarlos a un hospital”, reveló Martínez.
Enfatizó que muchos de los casos son por enfermedades crónicas y por desnutrición severa. “Muchas familias no han podido trasladarse a Caracas, porque son de Maturín o Lara. Para ellas, conseguir efectivo es casi imposible. Nos tenemos que poner en los zapatos de estas familias”, destacó.
Las FAES siguen
Una de las recomendaciones que hizo la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), debido a las miles de denuncias que han hecho los familiares de las víctimas ante los atropellos que terminan en presuntas ejecuciones extrajudiciales.
El 17 de julio de 2019, Nicolás Maduro manifestó su pleno respaldo al grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana que acumula la mayor cantidad de denuncias sobre atropellos en el ejercicio de la fuerza pública. “¡Viva el FAES”! expresó Maduro, ignorando los llamados de atención formulados desde diversas instancias nacionales e internacionales.
Proiuris, a través del análisis de 51 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales directamente documentados por la organización, identificó 16 mecanismos habituales en la actuación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, fiscales y jueces. Los patrones están descritos y analizados en la investigación “Las FAES matan con patrocinio del Estado”.
